El gobierno de Biden-Harris asumió el compromiso de colocar los derechos humanos y los principios democráticos en el centro de nuestra política exterior. En las presentes directrices para el apoyo de las misiones diplomáticas de los Estados Unidos a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos se describe y amplía el compromiso de los Estados Unidos de apoyar esta labor esencial como parte de la visión estratégica del Presidente y de la política exterior de los Estados Unidos. Está principalmente dirigida a los funcionarios de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y a los miembros de la sociedad civil de todo el mundo, en particular los defensores de los derechos humanos.
Resulta esencial tener una sociedad civil abierta, inclusiva, empoderada y en pleno funcionamiento para tener democracias sanas, economías prósperas y sociedades resilientes. Los Estados Unidos están comprometidos con lo acordado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y continúan comprometidos, tanto a nivel bilateral como en los foros multilaterales, a proteger y promover las libertades fundamentales y el papel de los defensores de los derechos humanos. La labor de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, de tutelar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como de apoyar la buena gobernanza, es una salvaguardia fundamental para protegerse de las amenazas de los regímenes autocráticos y las democracias en retroceso. Cuando la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos tienen poco margen para trabajar libremente, prosperan los abusos y las violaciones de los derechos humanos, la discriminación y la corrupción. Los Estados Unidos continuarán desempeñando un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los pactos, tratados y convenios de ella emanados. Las presentes directrices públicas reflejan la postura política de los Estados Unidos con el objetivo de apoyar a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos en su inestimable labor.
La democracia y los derechos humanos están amenazados en todo el mundo. El mundo lleva más de un decenio de recesión democrática sostenida, que incluye una reducción constante del papel de la sociedad civil. En muchos países se aprobaron leyes que limitan su financiamiento y funcionamiento. Algunos gobiernos utilizan indebidamente las leyes de seguridad nacional para reprimir la capacidad de los actores de la sociedad civil de ejercer la libertad de expresión, de asociación, de circulación y de reunión pacífica. Asimismo, aumentó el uso de tecnologías de censura y vigilancia, así como el corte del servicio de internet, para socavar el debate democrático. Los gobiernos no deberían clausurar ni restringir los servicios en línea ni desplegar tecnologías de vigilancia como medio para limitar el ejercicio de los derechos humanos de las personas o intimidar a la sociedad civil. Al contrario, los gobiernos deberían posibilitar el funcionamiento de la sociedad civil y ampliar el espacio cívico para favorecer el éxito del público para el que trabajan, ya que los grupos cívicos desempeñan un papel único y positivo en la sociedad.
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